Sánchez de Muniáin (UPN) critica que el Gobierno no tomara medidas disciplinarias tras la “represalia” contra Serena

Ha lamentado que el consejero Chivite haya seguido defendiendo "con descaro" que el cambio de plaza fue “una reorganización” o que por “error” no se tuvo en cuenta que era un denunciante, pese a los indicios constatados por la OANA

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, durante la rueda de prensa que ha convocado en la sede de su partido
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El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, durante la rueda de prensa que ha convocado en la sede de su partidoB.A.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, durante la rueda de prensa que ha convocado en la sede de su partido

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Beatriz Arnedo

Actualizado el 17/06/2026 a las 18:50

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno, Óscar Chivite, no haya sido el que tomara medidas disciplinarias tras la “represalia” que sufrió el letrado Lorenzo Serena después de que este denunciara en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate.

El representante de UPN ha criticado que el consejero siga defendiendo “con descaro” que el cambio de adscripción de la plaza de Serena a una nave de Landaben fue fruto de una “reorganización” o que fue un “error” no tener en cuenta que era un denunciante, pese a los indicios constatados por la OANA, “cuando públicamente descalificó su actuación y lo llegó a tildar de chismoso”.

Sánchez de Muniáin es quien ha desvelado este miércoles la apertura del expediente sancionador al ex director general de Obras Públicas Pedro López y al jefe del servicio de Conservación del departamento, Pablo González, por haber cambiado la adscripción de esa plaza cuando ya se le había adjudicado a Serena y seis días antes de que tomara posesión de la misma, al considerar que han podido cometer una falta “muy grave” de la ley nacional que protege a las personas que denuncian incumplimientos normativos y casos de corrupción. Si se confirma esa infracción, la multa puede oscilar entre los 30.000 y los 300.000 euros.

“Destacamos la, cuanto menos, sospechosa omisión de deberes del Gobierno de (María) Chivite, y en especial del consejero Óscar Chivite, por no incoar, como debía, el correspondiente procedimiento sancionador” después de que hace un año la Oficina Anticorrupción destacara en una resolución que Serena había sido objeto de una represalia. “Ha tenido que ser la OANA la que iniciase el procedimiento sancionador que debió incoar el consejero Chivite, responsable directo de quienes han podido cometer la infracción”.

Ha considerado que “más al descubierto queda” el consejero, “cuando el traslado se produjo tras diversas discusiones entre su director general y el jefe de servicio a sabiendas de quién iba a ser represaliado”. “Discusiones y contradicciones entre ambos respecto al motivo del traslado del secretario de la mesa de Belate que se han puesto de manifiesto, tanto en la investigación llevada a cabo en el Senado como en el desarrollo de la propia comisión de investigación del Parlamento de Navarra y que se recogen en la resolución de la OANA”.

“CHIVITE Y SUS SOCIOS SE QUEDAN SOLOS EMPEÑADOS EN TAPAR Y SILENCIAR”

El representante de UPN ha extendido la responsabilidad también a los socios del Ejecutivo. 

“El Gobierno y sus socios han acreditado que son partidarios de castigar a quien denuncia actos de corrupcion y no sancionar quien represalia a los denunciantes. Chivite y sus socios se quedan solos al declarar que en Belate, en las obras adjudicadas a la empresa de Antxon Alonso" y "supuestamente de Cerdán" y "en todo lo que le rodea, no ha habido actos de presunta corrupción. Se quedan solos empeñados en tapar y silenciar todo lo que ocurra ante sus ojos y se conjuran para seguir dando la espalda a la realidad”, ha recalcado.

Además, el parlamentario de UPN ha aludido a la apertura por parte de la OANA de dos procedimientos de investigación por las dos promociones de viviendas adjudicadas por Nasuvinsa a la UTE formada por Servinabar y Acciona por detectar indicios de posible conflicto de interés e incumplimiento de la ley de contratos. “El inicio de estos dos procedimientos es conocido en Nasuvinsa desde el 9 de junio sin que el gobierno haya comunicado tales hechos”, ha señalado.

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