Cuatro ceses en apenas cinco meses. Este es la situación que se ha vivido en el Servicio de Economía Circular e Innovación dependiente de la dirección general de Medio Ambiente, con Ana Bretaña a la cabeza, y por tanto, de la consejería del mismo ramo del Gobierno de Navarra, dirigida por José Mª Aierdi (Geroa Bai). Según ha podido confirmar este periódico, los ceses no llegan por que se le quiera dar un nuevo giro al servicio, sino por diferencias claras entre los técnicos responsables, todos con años de experiencia, y la gestión que está realizando Ana Bretaña. Unas diferencias centradas, principalmente, en actuaciones relacionadas con la moratoria de las plantas de biogás y la actuación de la dirección general respecto a la empresa de gestión de residuos Lombricultura de Valtierra.

Bretaña es una mujer de confianza de Aierdi. De hecho, en septiembre de 2022 la nombró directora general de Vivienda cuando él encabezaba esa consejería y en agosto de 2023, al pasar a Medio Ambiente, también la puso al frente de la dirección general de este área. Bretaña es arquitecta y especialista en Restauración y Rehabilitación por la Universidad de Navarra.

La primera destitución se produjo el 22 de octubre de 2025. Fue la del máximo responsable del Servicio de Economía Circular e Innovación, Raúl Salanueva, que antes de ocupar esta cargo fue durante más de una década jefe de la sección de Residuos. Le sustituyó Francisco Javier Larrañeta Nido, que previamente ocupó un puesto de director de servicio en Función Pública, un área que también pasó por una temporada convulsa con cinco jefes en tres años en la sección de Régimen Jurídico y Previsión Social.

El segundo cese en el Servicio de Economía Circular llegó el 19 de enero de 2026. Afectó a David Sotillo, jefe de la Sección de Prevención de Contaminación, y fue a petición propia, aunque distintas fuentes confirmaron que antes ya le habían comunicado que iba a ser destituido y fue él mismo el que prefirió cesar de sus funciones. Esta plaza sigue por ahora sin cubrir.

Los dos últimos ceses se decidieron con apenas un mes de diferencia. El primero fue el de Mikel Bezunartea, al frente de la Sección de Residuos, el 25 de febrero, y el segundo el de Juan Pablo Belzunegui, responsable de la Sección de Inspección Ambiental el 24 de marzo. Bezunartea ha sido sustituido por José Carlos Bajo y, recientemente, se le nombró jefe de la Sección de Suelo e Infraestructuras Industriales, de la Dirección General de Fomento Empresarial e Infraestructuras. En cuanto a Belzunegui, su sustituto ha sido Luis Igor Sanmartin. Sólo David Sotillo sigue en el mismo servicio, ya que Salanueva y Belzunegui han sido trasladados a otras secciones de Medio Ambiente.

Este servicio es clave en Medio Ambiente y se dedica, fundamentalmente, a tramitar e inspeccionar el correcto el funcionamiento de industrias y ganaderías en la Comunidad foral, incluida la concesión de Autorizaciones Ambientales, requisito para la puesta en marcha de algunas empresas, dependiendo de su actividad.

PLANTAS DE BIOGÁS: MORATORIA Y RECTIFICACIONES

Según ha trascendido a este periódico a través de distintas fuentes, hay dos razones principales que han evidenciado las profundas diferencias entre los técnicos responsables del servicio y la directora general, Ana Bretaña.

Una sería la gestión que se ha llevado a cabo de todo de las plantas de biogás impulsadas en distintos puntos de la Comunidad foral y que se acabaron regulando con una moratoria de un año para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. La aprobó el Parlamento foral con los votos de UPN, PSN y PP, rebajando una propuesta previa de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo. Quedaron exentas, y por tanto autorizadas, las “que se haya completado la fase de exposición o información pública y, además, se encuentren en fase de resolución con todos los informes sectoriales vinculantes favorables”; y las que cuenten con una resolución de “autorización ambiental integrada” o declaradas de interés foral.

En este caso, fuentes consultadas confirmaron que los responsables del servicio no estaban de acuerdo con cómo se actuó tras la aprobación de esta moratoria, en algunos casos con prisas y también dejándose llevar por presiones políticas desde ayuntamientos, ciudadanas o de entidades, que acabó con la revocación de la autorización a dos de las plantas que recibieron inicialmente el visto bueno, la de Sesma y la de Arróniz. La causa fue la misma en ambos casos: que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias de las mismas. En este sentido, indicaron, parte de estas autorizaciones no se ajustan así a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas.

O también con el caso de la planta de Tudela que promueve Nilsa, para la que se tramitó una Autorización Ambiental Integrada recurrida por la CHE alegando que “en la resolución no deberían quedar incluidas las condiciones establecidas para el vertido depurado de la EDAR -Estación Depuradora de Aguas Residuales-, evacuado al río Ebro, ya que esa competencia es de la CHE”.

Tras ello, el Gobierno foral anunció que ha estimado el requerimiento de la CHE y que se tramitará por medio de una Autorización Ambiental Unificada (AAU).

Precisamente, las fechas del cese de Salanueva al frente del Servicio de Economía Circular coinciden con todo este proceso.

LOMBICULTURA VALTIERRA: EXPEDIENTES Y PROPUESTA DE CLAUSURA

El otro punto de fricción entre técnicos y la dirección general se centra en la empresa Lombricultura de Valtierra, que figura como gestora de residuos orgánicos para elaborar abonos para la agricultura. La mayor parte llegan de papeleras de Guipúzcoa.

Sobre esta planta existen numerosos informes de Medio Ambiente, sobre todo en el último año, con propuestas de sanción y de retirada de residuos almacenados de forma no correcta, vertidos o por utilizar parcelas no incluidas en la Autorización Ambiental Integrada, entre otras infracciones. También aparecen denuncias realizadas por la Policía Foral e, incluso, hay fuentes que confirman que no tiene la autorización definitiva de apertura, aunque lleva muchos años funcionando.

A lo anterior se sumó también una propuesta de clausura de las instalaciones de la Sección de Residuos y cuyo expediente estaría ahora en tramitación.

En esta planta, además, falleció un trabajador hace un mes en accidente laboral tras ser golpeado por una máquina y Comisiones Obreras envió un comunicado en el que aseguró que ya había denunciado una infracción grave ante Inspección de Trabajo por incumplir la legislación de prevención de riesgos y que relataba el mal estado de la maquinaria.

Desde el sindicato añadieron no consta ninguna acción para analizar el estado de la maquinaria y que sobre los requerimientos sobre salud laboral, la inspectora indicó que harían “mediciones para la planta de producción”.