Los ministros no se sumarán hoy miércoles a la huelga general, pero casi. Sus agendas estarán vacías. No habrá actos públicos, solo trabajo en la soledad de los despachos. Dicen en Moncloa que es para expresar su respeto al atípico paro convocado inicialmente por el Sindicato de Inquilinas y "validado" más tarde por los sindicatos de clase tradicionales, UGT y CC OO. Es la primera vez que una huelga general con el respaldo de las grandes centrales no surge como respuesta directa a una acción gubernamental concreta, como ocurrió en 1988 con el Plan de Empleo Juvenil de Felipe González, en 2002 con el "decretazo" de José María Aznar o en 2010 con la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es la primera vez que un Gobierno aspira a sacar rédito de una convocatoria de esta naturaleza.

A menos de 20 días para las elecciones generales, el ala socialista del Ejecutivo -no así la que conforman sus socios de Sumar, que concurren a los comicios como Frente Amplio- se ha cuidado de no pedir de manera expresa que se secunde el paro. Pese a la famosa afirmación de la exvicepresidenta María Jesús Montero de que esta es una huelga "contra la oposición", los socialistas son conscientes de que tanto entre quienes opten por no acudir a sus puestos de trabajo como entre quienes participen en las movilizaciones de la tarde puede haber también críticos con su política. Pero en su ánimo ha estado desde el primer día transmitir la idea de que comparten las reivindicaciones planteadas (en origen, relativas al acceso a la vivienda) y, en todo caso, dan por sentado que quienes no pueden capitalizar lo que ocurra son el PP y Vox.

El lunes el propio Sánchez se encargó de ir preparando el terreno con un vídeo en X en el que ensalzó el poder de la protesta ciudadana y elogió el papel desempeñado por la gente que en el pasado "dijo ‘basta’, se organizó y salió a la calle e hizo huelgas" para conseguir derechos que hoy se dan por seguros. En Moncloa estarán atentos a la magnitud no tanto del paro de la actividad económica, que los propios sindicatos prevén que puede ser muy desigual, como de las manifestaciones posteriores. Porque, como pasó con las marchas del 3 de octubre tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la caída de los reales decretos de vivienda que propició el adelanto electoral, creen que puede ser un buen termómetro de dónde está la izquierda, ahora con el 29-N ya convocado.

Desde aquellas protestas han pasado muchas cosas. Entre ellas, el accidente de trenes de Urda, por cuyas víctimas mortales, 69, se celebró este martes un funeral con las principales autoridades del Estado en el que no participó Sánchez. Los últimos sondeos publicados, incluido el de GAD3 para este periódico, indican que el impacto de esa catástrofe en la intención de voto se ha dejado sentir sin llegar a ser tan contundente como habría cabido esperar. Y los socialistas, más aún tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, se ven en condiciones de recuperar el pulso de la campaña. El jueves, la Diputación Permanente del Congreso decidirá sobre la convalidación de los decretos recuperados.

La derecha, mientras, insiste en la improcedencia de una huelga que tilda de "política" y "electoral"; Santiago Abascal, incluso de "ilegal". Alberto Núñez Feijóo reclamó sin éxito la semana pasada a los sindicatos que accedieran a desconvocarla en un contexto condicionado por el duelo por Urda, pero fue su secretario general, Miguel Tellado, el que con más crudeza cargó este martes contra las centrales, a las que acusó de haberse pasado ocho años guardando un "silencio cómplice" con el Gobierno y de ser unas "apesebradas". "Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros, pero resulta que tenía 24, que el 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo", ironizó.

La sombra de la Junta Electoral

La ministra portavoz, Elma Saiz, replicó que la movilización no es contra nadie sino a favor de los derechos de la ciudadanía y se apresuró a salir en defensa de UGT y CC OO tras el Consejo de Ministros. "Exijo -dijo- respeto a los sindicatos y respeto a un derecho constitucional que es el derecho a la huelga". Pero quizá por temor confeso a un reproche o eventual multa de la Junta Electoral Central, no quiso ir más allá.

A su lado, el ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, en cambio, sí dejó claro que, aunque él no vaya a hacer huelga porque en su posición no sería correcto, sí hará "todo lo posible" para contribuir a que la convocatoria sea "un éxito". También el titular de Cultura, Ernest Urtasun, siguió la estela marcada el viernes pasado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien llamó a convertir la huelga en una "marea de esperanza" para "vencer a las encuestas" que apuntan a una mayoría absoluta de la derecha. "Vamos a ganar en las calles", proclamó.