Editorial
Derechos y obligaciones
La regularización masiva en España sacará de la clandestinidad a cientos de miles de inmigrantes, pero choca con el recelo de la Unión Europea al temido ‘efecto llamada’
Actualizado el 15/04/2026 a las 08:19
España pone a prueba su capacidad de convivencia con la regularización masiva aprobada este martes por el Consejo de Ministros, en una medida extraordinaria que permitirá a medio millón de personas de origen extranjero normalizar su vida en esta sociedad. De ellos, se calcula que unos 10.000, en Navarra. En buena parte, ya lo hacían como trabajadores solapados en la economía sumergida, pero sin el acceso a coberturas universales en materia sanitaria, laboral o escolar.
Por razón humanitaria, parece comprensible que los inmigrantes en situación irregular que aspiran a la integración tengan la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y de residencia en el país, una vez que demuestren cinco meses de estancia desde el momento de la solicitud. Una certificación con la que podrán poner fin a una existencia en la clandestinidad, con lo que ello conlleva para muchas familias que apuestan por echar raíces y prosperar en su tierra de acogida.
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Por su alcance, se trata de una apertura histórica que ofrecerá derechos como el acceso a Seguridad Social, sanidad y educación, pues el voto se reserva a la obtención de la nacionalidad. Pero también exigirá obligaciones que garanticen la convivencia y la aportación al sistema en condiciones de igualdad a través de la cotización y el pago de impuestos.
A pesar de lo que supone esta regularización para un país necesitado de mano de obra y tasas más prolíficas de natalidad, el foco se ha trasladado por recomendación del Consejo de Estado al endurecimiento de los trámites para asegurar que las personas regularizadas no tengan antecedentes penales. Esta obligación se produce en un momento de fuerte debate y consenso transversal sobre la posibilidad de agravar las sanciones a los delincuentes reincidentes, incluso con la expulsión a sus países de origen. Sería deseable que el proceso se desarrollara sin tensiones añadidas, aunque será complejo. La UE busca ahora disuadir la inmigración irregular y puede interpretar lo que el Gobierno de Sánchez considera un hito en la normalización como un ‘efecto llamada’ del que recela profundamente.
