Fiscalidad en Navarra: entre la autonomía y la presión creciente

La Comunidad Foral de Navarra ha sido, históricamente, un referente en materia fiscal dentro de la descentralización fiscal que existe en España. El modelo que tenemos basado en el Convenio Económico, en teoría, debería permitir diseñar un sistema más eficiente, cercano al ciudadano y adaptado a la realidad económica de nuestro territorio. Sin embargo, la percepción social en los últimos años apunta en otra dirección: una presión fiscal creciente que no se traduce en mejores servicios públicos. Además, el sistema, quizás presionado por la coyuntura económica y por aspectos políticos, introduce continuas modificaciones fiscales que pueden generar inseguridad jurídica para las personas físicas y jurídicas. Esta inestabilidad dificulta la planificación económica y reduce el atractivo de Navarra como territorio para la inversión. 

En el ámbito empresarial, las críticas son especialmente intensas. Aunque Navarra ha intentado posicionarse como una comunidad favorable a la innovación y la industria, lo cierto es que muchas empresas perciben un entorno fiscal poco competitivo y ello puede actuar como freno al crecimiento y a la atracción de nuevas inversiones. Otro aspecto controvertido es la proliferación de deducciones, bonificaciones y regímenes especiales. Aunque en principio buscan incentivar determinadas actividades -como la I+D, la sostenibilidad o la igualdad-, en la práctica contribuyen a complicar el sistema y generan desigualdades entre contribuyentes. No todos tienen acceso a estos beneficios, lo que introduce un elemento de inequidad que debería revisarse. 

Desde un punto de vista social, también se ha instalado un debate relevante: ¿es Navarra un territorio de alta presión fiscal? La respuesta no es sencilla, pero sí es evidente que existe una percepción creciente de que el esfuerzo tributario es elevado. Ante este panorama, resulta necesario abrir un debate serio y constructivo sobre el futuro de la fiscalidad en Navarra. Una primera línea de actuación debería centrarse en la simplificación del sistema. Un sistema más sencillo no solo beneficia al contribuyente, sino que también mejora la eficiencia de la propia administración. En segundo lugar, convendría revisar la carga impositiva de algunos impuestos, especialmente del IRPF. En este sentido, una moderación en determinados tramos, junto con la introducción de nuevas reducciones o el aumento de la cuantía de algunas deducciones, permitiría aliviar la carga fiscal sobre las clases medias y, al mismo tiempo, favorecer el consumo y la actividad económica. A ello habría que añadir una mejora de los incentivos fiscales para la adquisición de vivienda. Lejos de implicar necesariamente una menor recaudación, estas medidas podrían generar efectos positivos a medio plazo. Como señalaba Jean-Baptiste Say: “Demasiados impuestos matan al impuesto”. 

Asimismo, Navarra debería apostar por una fiscalidad más orientada al crecimiento económico. Esto implica diseñar incentivos claros, estables y accesibles para empresas y emprendedores, evitando la dispersión actual de beneficios fiscales. Un marco más coherente podría mejorar la competitividad del territorio sin renunciar a los principios de equidad y progresividad. Las figuras impositivas no deben analizarse de forma aislada, sino como un conjunto coherente, ya que una misma actividad económica puede verse afectada por varios impuestos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la inversión en startups, no basta con establecer incentivos en el Impuesto sobre Sociedades si posteriormente, en el momento de la desinversión, la carga en el IRPF es elevada. El sistema fiscal debe contemplar todo el ciclo de la inversión para que los incentivos sean realmente efectivos. 

Por último, no se puede ignorar la importancia de la pedagogía fiscal. La ciudadanía necesita comprender mejor cómo funciona el sistema, qué se paga y por qué. Una mayor transparencia y comunicación contribuirían a reducir la desconfianza y a reforzar el vínculo entre contribuyentes e instituciones. En este sentido, acercándose a la realidad económica y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el Gobierno foral aprobó el miércoles 1 de abril, un Decreto legislativo con una serie de reducciones fiscales, que según sus estimaciones generarán un ahorro de 37,2 millones a los navarros, y anunció ayudas directas por valor de 10 millones para el sector agrario y el transporte principalmente. El decreto aprobado incluye varias medidas fiscales temporales para reducir el coste de la energía. Entre ellas, destaca la rebaja del IVA del 21 % al 10 % en combustibles, electricidad y gas hasta el 30 de junio. Además, se reduce el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica un 10 % durante el primer trimestre y se elimina por completo en el segundo. También se disminuye el impuesto sobre la electricidad, que pasa del 5,1 % al 0,5 % hasta el 30 de junio. Por último, se rebaja el impuesto de hidrocarburos, con reducciones como 11,4 céntimos por litro en la gasolina, 4,9 céntimos en el diésel y 7,6 céntimos en el gasóleo B. 

A estas se suman otras líneas estatales que también se aplicarán en Navarra, dirigidas a colectivos vulnerables, industria y transición energética. La fiscalidad actual presenta luces y sombras, y requiere ajustes que la hagan más sencilla, justa y eficiente. El reto consistiría en encontrar un equilibrio entre la suficiencia financiera, la equidad social y la competitividad económica. Como señalaba el Nobel, Milton Friedman: el sistema tributario ideal recauda lo suficiente para financiar el gasto público con el menor daño posible a la economía. I

Idoia Zabaleta Arregui. Doctora en Economía. Profesora de la Upna y Uned Pamplona